El Tribunal Supremo de EE UU juzgará, por primera vez en 70 años, si una norma que limita la tenencia de armas de fuego en Washington viola la Constitución. El dictamen podría resultar decisivo para el futuro del país más armado del mundo, donde hay 90 armas de fuego por cada cien habitantes, según la última encuesta del Instituto de Estudios Internacionales (IEI).
La norma, en vigor desde 1976, es una de las más estrictas y fue decretada ilegal en 2004, cuando el tribunal federal la consideró demasiado dura. Sin embargo, la Corte Suprema admitió el recurso presentado por el Ayuntamiento de Washington y escuchará a ambas partes a principios del próximo año.
La decisión tendrá una fuerte carga porque puede sentar un precedente respecto a la interpretación de la Segunda Enmienda, según la cual “siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. El Supremo juzgará si se trata de un derecho individual del ciudadano o, por el contrario, de un derecho de todos a contar con un Ejército que les defienda. Si se diera éste último caso, el control de las armas de fuego tendría, por fín, un respaldo legal susceptible de extenderse a todo el país.
El crecimiento de las armas de fuego en Estados Unidos es preocupante, sobre todo desde los atentados del 11-S, en 2001. Ese año la demanda por parte de los ciudadanos creció en un 25%, y desde entonces no se ha detenido. Hoy adquieren más de la mitad de la producción mundial, según el IEI. En el país circulan ya 270 millones de este tipo de armas, más del 30% del contingente mundial, a pesar de que el número de habitantes no llega al 5% de la población planetaria.
Según Pap Ndiaye, historiador, se trata de una cultura de armas de fuego. “Es decir, de una parte de la población americana para quienes poseer un arma no es únicamente un derecho, sino de igual manera una protección indispensable”, explica en una entrevista para Le Monde. La obsesión de muchas familias les ha llevado a comprar utensilios que en cualquier otro país nos parecerían una atrocidad, como las mochilas y los cochecitos para bebés “antibalas”; y a estas ideas se les unen otras no menos disparatadas, como la adquisición de las pistolas Permanecemos Unidos, de la fabricante Beretta, y del modelo neoyorquino, Seguridad de la Patria.
En la promoción de esta cultura han tenido mucho que ver determinados grupos de presión, representados en el Congreso y en la Casa Blanca. Entre ellos destaca la Asociación Nacional del Rifle, que se define como “la organización de derechos civiles más antigua de los EEUU” y lanza slogans tan elocuentes como “abraza la libertad”, a pesar de que su único objetivo es defender el derecho a portar armas de fuego, tanto para la defensa personal como para actividades recreativas.
Convendría preguntarle a los miembros de ésta asociación quén opina sobre las repercusiones de la libre circulación de éstas armas en el país y la cultura que defienden: más de 11.000 homicidios al año, 30 cada día, y cientos de disparos accidentales. Además, las víctimas y autores son fundamentalmente jóvenes. El número de niños muertos por disparos es 12 veces mayor que en el resto de países industrializados. Por tanto, no son sólo los ataques en las universidades, sino también todos los hechos delictivos que ocurren día a día.
Los defensores del derecho a portar armas suelen señalar que el número de homicidios apenas varía por el establecimiento de leyes. Sin embargo, esto podría deberse a dos razones esenciales. Por un lado, tienen grandes lagunas, como la permisividad con los “gun shows”, ferias donde se venden cantidades ingentes de armas de cualquier calibre. Y, por otro, la libre circulación dentro del país impide un control de la posesión de armas, puesto que si en una ciudad están prohibidas, van a otro lugar a por ellas. Por tanto, el control de las armas y la desaparición de esta cultura de pistoleros es posible, y la solución puede encontrarse, para empezar, en lo que el Tribunal Supremo decida en los próximos meses.
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